En toda sociedad organizada, el derecho surge como una respuesta a la necesidad de convivencia armónica entre los individuos. Desde sus orígenes más remotos en las polis griegas hasta la conformación de los modernos Estados constitucionales, las normas jurídicas han evolucionado con un doble propósito: por un lado, establecer límites razonables a las libertades individuales para asegurar la paz social; por el otro, delinear las responsabilidades, facultades y límites del poder político. En este contexto, los controles constitucionales se erigen como una herramienta indispensable para evitar que el poder se transforme en arbitrariedad, y que los derechos de los ciudadanos se vean avasallados por actos de autoridad alejados del marco constitucional.
El presente artículo tiene como finalidad reflexionar sobre la naturaleza, los orígenes y la importancia del control constitucional, así como describir los medios de control existentes en el sistema jurídico mexicano. El análisis partirá del reconocimiento de la Constitución como norma suprema del Estado y concluirá con una evaluación crítica de los obstáculos que enfrentan los ciudadanos comunes para acceder a los mecanismos que protegen sus derechos, en especial el juicio de amparo.
¿Qué es el control constitucional? La Constitución no es únicamente un conjunto de normas técnicas que establecen la organización de los poderes del Estado. Es, ante todo, el pacto político y jurídico que consagra los derechos fundamentales y determina los fines del poder público. A partir de esta premisa, el control constitucional puede definirse como el conjunto de mecanismos mediante los cuales se garantiza que todas las normas y actos emanados del poder público respeten los principios, derechos y procedimientos establecidos en el texto constitucional.
Esta función es vital en los Estados democráticos, ya que permite mantener el equilibrio entre gobernantes y gobernados, impide que los poderes públicos se extralimiten en sus funciones, y asegura que las personas cuenten con medios eficaces para protegerse frente a violaciones de sus derechos humanos. El control constitucional es, en suma, un contrapeso institucional que da vida al principio de legalidad y a la supremacía constitucional.
Aunque existen antecedentes filosóficos y jurídicos desde la antigüedad clásica —especialmente en la Grecia de Aristóteles, donde ya se hablaba de la necesidad de leyes superiores—, el control constitucional moderno tiene su base en la experiencia norteamericana de finales del siglo XVIII. El célebre caso Marbury vs. Madison (1803), resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos bajo la presidencia de John Marshall, estableció el principio del control difuso de constitucionalidad: todos los jueces tienen la facultad de inaplicar normas contrarias a la Constitución.
Este modelo fue profundamente influyente en las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, entre ellas la Constitución de 1857 en México, que por primera vez reconoció expresamente el juicio de amparo como medio para proteger los derechos individuales frente a actos de autoridad inconstitucionales. Desde entonces, el control de constitucionalidad se ha perfeccionado y diversificado, adaptándose a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y plural.
En el sistema jurídico mexicano, el control constitucional se ejerce a través de diversos mecanismos, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Sin embargo, el modelo mexicano es predominantemente judicial, lo que significa que corresponde principalmente a los tribunales, y en especial al Poder Judicial de la Federación, garantizar la supremacía constitucional. Los principales medios de control son los siguientes:
a) Juicio de amparo
Es el medio de control constitucional por excelencia en México. Diseñado inicialmente como una garantía individual frente a abusos del poder, ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo complejo y robusto que permite proteger a los ciudadanos frente a leyes o actos que violen sus derechos humanos. Cualquier persona puede promover un juicio de amparo contra actos de autoridad que considere contrarios a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, el acceso al juicio de amparo está limitado en la práctica por factores técnicos y económicos. Su tramitación requiere conocimientos jurídicos especializados, y la legislación que lo regula —la Ley de Amparo— es compleja y de difícil acceso para la ciudadanía común, lo que restringe su alcance real como mecanismo popular de defensa.
b) Acciones de inconstitucionalidad
Son promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos legitimados como el Ejecutivo federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, partidos políticos y congresos estatales, entre otros. Su objetivo es impugnar normas generales (leyes o reglamentos) que contravengan la Constitución. Aunque son instrumentos poderosos, su acceso está restringido a ciertos entes, lo que limita su uso por parte de la ciudadanía.
c) Controversias constitucionales
Permiten resolver conflictos entre los distintos niveles y órganos de gobierno (por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre la Federación y un Estado). Se trata de un medio de control funcional para mantener el equilibrio entre poderes, pero no constituye una vía directa para la defensa de los derechos individuales.
d) Medios de control en materia electoral
Existen también mecanismos específicos para salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Entre ellos destacan el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), y el juicio de revisión constitucional electoral. Ambos mecanismos pueden ser promovidos por los ciudadanos, pero están restringidos a controversias relacionadas con procesos electorales.
Un aspecto fundamental en el control constitucional moderno es el reconocimiento del bloque de constitucionalidad. En el caso mexicano, este bloque no se reduce al texto constitucional, sino que incluye los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, así como los criterios vinculantes de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El artículo 1° de la Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto implica que el juez constitucional debe interpretar las normas conforme al principio pro persona, es decir, buscando siempre la protección más amplia posible de los derechos fundamentales.
A pesar de la existencia de un marco normativo robusto y sofisticado, el control constitucional en México enfrenta numerosos desafíos. El más preocupante de todos es la desigualdad en el acceso a la justicia constitucional. Si bien, en teoría, cualquier persona puede acudir al juicio de amparo, en la práctica este medio es inaccesible para amplios sectores de la población por razones técnicas, económicas y culturales.
La falta de cultura jurídica en la ciudadanía, la complejidad del lenguaje jurídico y los costos asociados a la representación legal dificultan que los sectores más vulnerables puedan ejercer sus derechos. Esto refuerza una estructura de desigualdad que contradice los ideales de justicia y equidad que inspiraron el constitucionalismo moderno.
Además, en algunos casos, el control constitucional se ve afectado por factores de carácter político o institucional. La independencia judicial, condición indispensable para la eficacia del control constitucional, ha sido puesta en entredicho por decisiones controvertidas, conflictos entre poderes y presiones externas. En este contexto, se vuelve urgente fortalecer la autonomía del Poder Judicial y asegurar que los jueces actúen conforme al derecho y no a intereses políticos.
Una de las tareas pendientes del constitucionalismo mexicano es acercar el control constitucional a la ciudadanía. Para ello, se requieren múltiples acciones, entre ellas:
- Simplificar el lenguaje jurídico y los procedimientos del juicio de amparo, con el objetivo de cualquier persona, sin necesidad de ser experta, pueda comprender sus derechos y los pasos para defenderlos.
- Fortalecer los servicios de defensoría pública y los centros de orientación jurídica gratuita, particularmente en comunidades rurales y marginadas, donde el acceso a abogados particulares es prácticamente inexistente.
- Impulsar campañas de alfabetización jurídica para que los ciudadanos conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para hacerlos valer.
- Fomentar una educación cívica crítica que enseñe desde la infancia la importancia de la Constitución, los derechos humanos y los mecanismos de defensa.
- Desarrollar plataformas digitales accesibles y sencillas para la presentación de amparos en línea, con formatos prediseñados y asistencia automatizada para orientar a los ciudadanos en el proceso.
- Reforzar la formación y evaluación de los jueces constitucionales, asegurando que cuenten con una visión de derechos humanos, independencia de criterio y sensibilidad social.
El control constitucional es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático de derecho. A través de él se garantiza que el poder no se convierta en abuso, que las leyes respeten los derechos fundamentales y que las decisiones de los gobernantes se mantengan dentro de los límites impuestos por la Constitución.
Sin embargo, este sistema sólo puede funcionar plenamente si los ciudadanos tienen un acceso real y efectivo a los medios de control. De lo contrario, el riesgo es que la Constitución se convierta en una carta de buenas intenciones, inoperante frente a las injusticias cotidianas. Democratizar el acceso al juicio de amparo, asegurar la imparcialidad del Poder Judicial y promover una cultura de legalidad son tareas ineludibles para que los controles constitucionales cumplan su función histórica: preservar la libertad, garantizar los derechos y limitar el poder.
En un momento en que las democracias enfrentan amenazas autoritarias y regresiones en materia de derechos, el control constitucional no puede ser una prerrogativa de las élites ni un ritual jurídico alejado de la vida real. Debe ser una herramienta viva, eficaz y cercana a las personas. Porque sólo así, con una Constitución realmente defendida por todos y para todos, podremos aspirar a una democracia verdadera y duradera.XXX